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1. Pertinencia con respecto a la seguridad y protección de la aviación.
¿Se relaciona el proyecto a una actividad de seguridad de la aviación? Una
actividad de seguridad de la aviación se define como cualquier actividad que
mejore la postura del Estado en la implementación de elementos fundamentales
del sistema de supervisión de la seguridad, tal como se describe en el
Documento 9734 de la OACI, "Safety Oversight Manual, The Establishment and
Management of a State's Safety Oversight System, Part A". Además, una
actividad de seguridad de vuelo puede incluir navegación aérea, seguridad de
vuelo y otros proyectos relacionados con la aviación tal como lo evalúe y
acepte el GESPAA. Al fortalecer los componentes del sistema de seguridad, el
proyecto también mejora la estructura institucional del transporte aéreo, lo
cual contribuye a aumentar la competitividad económica de un país o región
así como su acceso a los mercados mundiales. Los proyectos que no caigan dentro
del alcance de las actividades de seguridad de la aviación no se incluirán en
el programa de la ITHO-GESPAA.
2. Impacto nacional/regional. ¿Además de mejorar el sistema de seguridad
aérea, qué contribución hará este proyecto al mejoramiento de los sectores
económico, social, y ambiental de una nación o región? El (los) gobierno(s)
auspiciador(es) deberá(n) describir todo elemento nacional o regional que se
vaya a beneficiar directa o indirectamente como resultado de este proyecto. Los
auspiciadores deben saber que aquellos proyectos que demuestren un gran impacto
regional recibirán mayor prioridad. Vale decir, cuando haya más de una nación
involucrada en un proyecto, ese proyecto recibirá mayor prioridad.
3. Definición del proyecto. ¿Está el proyecto claramente definido en
términos de finalidad, actividades, resultados esperados y duración? ¿Se ha
consultado a la OACI en la definición del proyecto? El (los) gobierno(s)
auspiciador(es) deberá(n) proveer una descripción detallada del proyecto,
incluidos los objetivos del proyecto, la necesidad nacional/regional que genera
este proyecto, y la solución propuesta por el proyecto. También deben incluir
una descripción de todas las actividades del proyecto, resultados previstos al
término de cada actividad, el tiempo para cada actividad y para el proyecto en
su conjunto. Finalmente, el (los) gobierno(s) auspiciador(es) deberá(n)
señalar la factibilidad jurídica, técnica, financiera, institucional, y
ambiental del proyecto.
4. Recursos. ¿Cuáles son los costos calculados para completar el proyecto en
términos de costos de contratos, personal y materiales? Una vez terminado el
proyecto inicial, ¿qué tipo de financiamiento será necesario para mantener y
sostener la nueva capacidad iniciada por el proyecto en términos de
capacitación de personal, materiales, modernización de equipos y otros costos?
El (los) gobierno(s) auspiciador(es) deberá(n) indicar los recursos necesarios
para completar el proyecto y para mantener la nueva capacidad a largo plazo. En
algunos casos, el proyecto puede requerir personal técnico proporcionado por
una organización sin costo para el proyecto como, por ejemplo, técnicos que
trabajen en alguna de las organizaciones conectadas al GESPAA. En otros, un
proyecto puede requerir financiamiento. En tales casos, el (los) gobierno(s)
auspiciador(es) deberá(n) indicar la cantidad aproximada que será financiada
internamente por el (los) gobierno(s) y externamente por instituciones bancarias
internacionales o entidades del sector privado.
5. Dirección del proyecto. ¿Cómo está estructurada la dirección del
proyecto? ¿Qué tipo de controles de dirección se establecerán? El (los)
gobierno(s) auspiciador(es) deberá(n) incluir el nombre de un organismo de
dirección superior encargado de supervisar la dirección del proyecto y
describir el organismo de ejecución y su capacidad para ejecutar el proyecto.
También deberá describir la composición el equipo de dirección encargado de
la realización del proyecto, la frecuencia esperada de exámenes del proyecto
por cuadros de dirección superiores, el proceso de aprobación del
financiamiento y la administración de posibles deficiencias contractuales,
tales como exceso de costos, demoras, rendimiento del contratista.
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